Dos fenómenos encontrados convergen en la escena nacional. El primero es que el centro de gravedad de la actualidad se encuentra en el Congreso. Todo un desplazamiento del eje de los asuntos públicos, que se había anclado en los Tribunales por los escándalos de Alberto Fernández. Que la discusión de los asuntos públicos gire en torno del parlamento es la vuelta de la política. Contrariamente, el segundo de los fenómenos radica en que todo cuanto debaten los actores del poder político, en el Senado o en Diputados, se reduce a una única dimensión: la presupuestaria.

Anoche, el presidente Javier Milei presentó el proyecto de Presupuesto 2025 en el Congreso. Su mensaje, en el que no habló del Presupuesto 2025, consistió en una sucesión de lugares comunes, que visita en cada discurso; y en la maniquea postura de sostener que todo cuanto se hizo antes estaba mal, así que menos mal que lo eligieron a él que hace todo bien. Todo una idolización del yo.

Antes, a principios de mes, se entabló toda una querella en torno de la Ley de Movilidad Previsional. Ya quedó firme el veto contra la recomposición de los haberes de los jubilados, a la vez que se hizo pública la mucha incoherencia y la poca vergüenza de un grupo de diputados de la UCR que votaron de una manera en junio y de otra, totalmente distinta, en septiembre. Con idéntica lógica, se reivindicaban radicales a mediados de año, pero este mes mostraron ser cualquier otra cosa…

La semana pasada tampoco escapó a esa lógica: el Senado completó la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario y Milei anticipó que la vetará. Esta iniciativa también se origina en Diputados y también es un proyecto de la UCR. El Gobierno opone los mismos insultos contra quienes la avalaron (“degenerados fiscales”), invoca los mismos argumentos con los que vetó la Movilidad Previsional (“afecta el déficit cero” y “no indican la fuente de financiamiento para solventar el gasto”) y ensaya igual desacreditación contra el espíritu de la norma (“hacen demagogia con causas nobles”). Sin embargo, los temas por vetar son de naturaleza completamente distinta.

La Movilidad Previsional estaba enfocada en otorgar un mínimo paliativo (menos de $ 20.000 por mes) a los jubilados, que desde hace muchos gobiernos ganan miseria. Si había alguna metafísica trascendente en esa iniciativa, versaba respecto del derecho a una vejez en mínimas condiciones de dignidad. Es decir, refiere a principios vinculados con la modernidad y la civilización occidental.

La Ley de Financiamiento Universitario, en cambio, tiene que ver con la identidad misma de la Argentina. Y con el modelo de país que prohijaron quienes a principios del siglo XX tomaron la posta del legado de los liberales que forjaron esta nación en la segunda mitad del siglo XIX.

En primer término, Milei parece haber olvidado que la primera protesta multitudinaria que enfrentó su gestión, en abril, tuvo que ver con la asfixia presupuestaria a la que sometió a las universidades.

Fue una decisión consensuada del actual jefe de Estado y Sergio Massa la que dejó al Estado sin presupuesto 2024: como ellos dos pasaron al balotaje, acordaron que el Congreso no discutiera a fines del año pasado el cálculo de gastos e ingresos para este año, para que quien fuera electo Presidente pudiera enviar su propuesta al Congreso. Así que el 1 de enero se prorrogó la vigencia del Presupuesto 2023 (esto invalida la cantinela de que no se prevé una fuente de financiamiento presupuestario para el gasto: no hay Presupuesto 2024), pero sin actualizar las partidas. Ello a pesar del 211,4% de inflación anual. Frente al desfase, las casas de estudio anunciaron su colapso.

Espert afirmó que el presupuesto prevé un aumento para los jubilados en 10 puntos por encima de la inflación

En defensa de los claustros, millones de argentinos tomaron las calles. La reacción presidencial fue el negacionismo más obtuso: “Lágrimas de zurdo”, posteó Milei en la red “X”. Cuando entendió la pluralidad y la masividad de la manifestación, dio marcha atrás. Liberó fondos a las universidades, no sin antes vociferar que las casas de estudio no querían ser auditadas. Lo aprobado en el Congreso establece el control de la Auditoría General de la Nación. A la vez, fija pautas para financiar las casas de estudio. Declara la “emergencia” del sistema universitario (es para atenuar el impacto del aumento de los costos en los gastos de funcionamiento y en los salarios) y actualiza las partidas por inflación. El costo fiscal para este año es de $ 780.000 millones: apenas el 0,18% del PBI del país.

En segundo lugar, lo que está en debate es mucho más que la cuestión presupuestaria: lo que está en discusión es una de las esencias de la argentinidad, como es la educación superior y su impacto a lo largo del último siglo. En la Constitución originaria, la de 1853-1860, la educación primaria es obligatoria porque la escuela es parte esencial en el proyecto de quienes están construyendo una nación. A esa institución ingresan, en la infancia, hijos de inmigrantes de las más diversas nacionalidades; pero egresan argentinos. Niños que ahora conocen el idioma, la geografía y la historia de la Argentina. En la reforma constitucional de 1994, hoy vigente, ingresan al texto de la Carta Magna las universidades. El artículo 75, en el inciso 18, estatuye que le corresponde al Congreso el dictado de “planes de instrucción general y universitaria”. El inciso 19 determina que también le corresponde al parlamento sancionar leyes “que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”.

La consagración de garantías para la educación superior es el resultado de un proceso histórico iniciado con la Reforma Universitaria de 1918. Esa revuelta estudiantil en Córdoba opera durante el segundo año de la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, electo a instancias del voto masculino, secreto e individual consagrado por la Ley Sáenz Peña. El líder radical recepta el reclamo de los jóvenes para que el fin de los privilegios del orden conservador, terminado en el plano electoral, también llegue a su fin en la formación educativa. Entre los aportes perdurables de la Reforma del 18 están la autonomía, la libertad de cátedra, la asistencia libre y el cogobierno universitario. Desde esos principios, se evolucionó hacia la universidad pública laica, libre y gratuita. Este no es un “modelo radical”: el “no arancelamiento” surge de la Ley 14.297 de 1954, en la segunda presidencia de Juan Domingo Perón, impulsor de la “universidad obrera”: la Universidad Tecnológica Nacional.

Movilidad social ascendente

Si el “modelo escolar” del siglo XIX es esencial para construir una nación, el “modelo universitario” del siglo XX configura la Argentina que conocemos: una república con movilidad social ascendente. Eso da contenido al principio de igualdad ante la ley: el origen de las personas no predestina su fin.

Entonces no está en juego un modelo de financiamiento universitario, sino un modelo de Argentina. Ahí es donde el “déficit cero” deviene insuficiente: no puede haber un modelo económico si no está acompañado por un modelo de país. En definitiva, gobernar es mucho más que presupuestar.